La administración del presidente Donald Trump vuelve a encender la polémica. Esta vez con una iniciativa que busca revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que hayan cometido delitos.

Las reacciones entre abogados, organizaciones en defensa de los inmigrantes y ciudadanos naturalizados en todo el país no se han hecho esperar.

El gobierno federal está tomando medidas para revocar la ciudadanía a personas naturalizadas que hayan cometido delitos como terrorismo, fraude migratorio, tráfico de personas o que hayan ocultado información durante su proceso de naturalización.

La nueva política, según el Departamento de Justicia, busca "proteger la integridad del sistema de inmigración".

"Pero si tú tienes antecedentes penales antes de que arreglaste la ciudadanía y no pusiste eso en la aplicación, o no se lo dijiste a inmigración, entonces puedes tener problemas porque el gobierno puede indicar que tú cometiste fraude", indicó Carlos Moctezuma Garcí, abogado de inmigración.

Algunos ciudadanos naturalizados como Carlos Briones dicen sentirse inseguros con esta propuesta y temen que una decisión política ponga en duda su estatus, a pesar de tener años viviendo en el país cumpliendo la ley.

"Hay bastante gente que viene a trabajar y a hacer una nueva vida y por cualquier cosa se les está quitando, no se les está dando el chance de hacer algo bueno aquí y nos miran como criminales a todos y no está bien", expresó Carlos Briones, residente de McAllen.

Organizaciones como la Unión del Pueblo Entero (LUPE), señalan que en estos momentos de cambios en las políticas migratorias es importante que la comunidad migrante esté informada de cuáles son sus derechos y a donde pueden acudir para obtener asesorías legales.

"Es muy importante que si usted es ciudadano, si usted es naturalizado americano y usted siguió todas las de la ley, pues no tiene en realidad de qué preocuparse, pero es importante aprender de sus derechos, si en algún momento llegan a cuestionar su naturalización acérquese a una oficina confiable donde le puedan dar asesoría de inmigración", agregó Tania Chávez, presidenta ejecutiva de LUPE.

Algo muy importante de saber es que el gobierno llevaría estos casos de desnaturalización en cortes civiles, los cuales tienen diferentes reglas que los casos judiciales. Por ejemplo, los afectados, no tendrán derecho a un abogado público pagado por el estado.

Esta política podría afectar a miles de personas naturalizadas en todo el país, por lo que abogados y organizaciones en defensa de los inmigrantes recomiendan que quienes tengan dudas sobre su proceso de naturalización consulten con un experto legal.